Tijuana, Baja California. La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la firma del Convenio de Coordinación para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en el ejido Lic. Javier Rojo Gómez, con el objetivo de brindar certeza jurídica a aproximadamente 15 mil familias que durante más de tres décadas han enfrentado dificultades para obtener documentos legales que acrediten la propiedad de sus terrenos.
El acuerdo busca atender un rezago histórico que afecta tanto a habitantes del ejido como a familias de las colonias Lomas del Valle, Terrazas del Valle I y II, así como La Morita I y II. De acuerdo con la información presentada, numerosas personas adquirieron terrenos de buena fe mediante operaciones con representantes ejidales, pero no lograron obtener escrituras o títulos formales que garantizaran la seguridad jurídica de su patrimonio.
En el proceso participan autoridades de los tres órdenes de gobierno, junto con representantes del ejido e instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), el Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria, el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) y el Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI) de Baja California.
La estrategia contempla un esquema de expropiación concertada, que requiere la emisión de un decreto por parte del Ejecutivo federal para continuar con los procedimientos correspondientes. Por ello, la firma del convenio representa el inicio de una etapa administrativa y jurídica, pero no significa que las 15 mil familias hayan recibido ya sus títulos de propiedad. Se prevé que el proceso avance mediante la coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante el acto, Marina del Pilar destacó que esta medida busca resolver una problemática heredada de administraciones anteriores y garantizar mayor tranquilidad a las familias de Tijuana. La mandataria señaló que la regularización de la tenencia de la tierra constituye una acción de justicia social, al ofrecer una ruta para que miles de habitantes puedan acreditar legalmente sus propiedades y proteger su patrimonio.
RedaccionDNDP