Actores políticos cuestionaron declaraciones atribuidas al gobernador de Nuevo León, Samuel García, en torno a la posibilidad de que adultos mayores realicen labores comunitarias como parte de un esquema vinculado a la pensión universal.
Las críticas señalan que este enfoque sería incompatible con los principios de derechos sociales impulsados en los últimos años, particularmente aquellos relacionados con el acceso a apoyos sin condicionamientos.
De acuerdo con los señalamientos, la pensión universal es un derecho adquirido que no debe estar sujeto a actividades obligatorias para quienes la reciben.
El posicionamiento también incluye cuestionamientos hacia el modelo de políticas públicas impulsado por Movimiento Ciudadano, al considerar que podría contraponerse a esquemas de bienestar social.
El tema ha generado debate en el ámbito político sobre el alcance y las condiciones de los programas sociales dirigidos a personas adultas mayores.
RedaccionDNDP